¿Por qué insistir en el proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN?
Entrevista a Juan Houghton
Ante la situación actual de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN varias organizaciones y plataformas sociales se han movlizado para expresar un mensaje a las partes: ¡no se levanten de la mesa! Luego de haber participado en la rueda de prensa convocada por las plataformas sociales que apoyan la reactivación del quinto ciclo de conversaciones en la ciudad de Quito, director de la Corporación Ensayos e integrante del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, nos concedió esta entrevista donde nos presente su perspectiva sobre la coyuntura actual:
2 de febrero de 2017
Ya ha pasado casi una semana de los hechos de Barranquilla, que produjo una oleada de declaraciones y la suspensión de los diálogos por parte del gobierno. ¿Cuál es su posición sobre esa acción?
Serenamente hay que llegar a algunas conclusiones básicas. En lo humano hay que ubicarse en el dolor; porque duele que cientos de personas mueran como resultado del conflicto interno. Jurídicamente, se trata de un acto de guerra, pues son acciones cubiertas por el DIH. Políticamente, es un acto del ELN que facilita al gobierno ocultar los puntos de la agenda pactada y bloquea en buena medida la acción de quienes estamos por la superación del conflicto armado por vía dialogada. Pero no solo ha pasado lo de Barranquilla. En apenas un mes de 2018 ya contamos 23 líderes y lideresas sociales asesinadas, algunos casos mediante ejecuciones directas por parte del Ejército y otras en bombardeos y ametrallamientos indiscriminados. Es lamentable que la algarabía de la derecha por la muerte de los policías se acompañe de su silencio cómplice ante este genocidio en curso que se viene dando con la aquiescencia del Estado.
¿Cómo ocurrió que pasamos de un cese al fuego a una escalada militar tan dura en apenas unas semanas?
Hay que recordar que varias semanas antes de la finalización del Cese al Fuego el gobierno, a través del ministro de Defensa y el comandante del Ejército, amenazó con que el 10 de enero se iniciaría una arremetida militar contra el ELN si no había una continuidad automática del cese al fuego; el gobierno tenía claro que el acuerdo tenía una fase de evaluación y ajuste posterior al 9 de enero, de forma que era consciente de que una continuidad automática no era posible; esas declaraciones claramente fueron una provocación, lo que indica que había una decisión tomada. Por el otro lado, el ELN reactivó sus acciones de guerra apenas unos minutos después de finalizado el cese al fuego; con eso el ELN mostró que tampoco tenía voluntad de dar un margen de tiempo mínimo para evaluar y ajustar, probablemente porque después de oír al ministro de Defensa suponía que el gobierno no iba a dar ninguna posibilidad para hacerlo; lo cierto es que con esas acciones envió el mensaje de que tenía escaso interés por la firma de un nuevo cese al fuego y favoreció de paso al ala más guerrerista del Ejército y del establecimiento; hay que decir que la declaración de Gabino en su mensaje de Navidad ya sugería este comportamiento. En síntesis, el escalamiento de las acciones militares por parte del Estado y las acciones ofensivas del ELN corroboran que las dos partes son igualmente responsables de que el proceso de diálogo se encuentre en esta situación. Tanto el gobierno como el ELN eran conscientes de que el escalamiento bélico solo tenía como resultados posibles la suspensión o la ruptura del proceso. Y desde la sociedad no tuvimos el impacto para impedir que eso ocurriera; ahora nos toca un esfuerzo doble para desescalarlo.
El principal resultado de las acciones del ELN, sobre todo la de Barranquilla, fue la suspensión de los diálogos...
Aparentemente sí, aunque la mesa ya estaba bloqueada. No solo por las debilidades del cese al fuego. En realidad el trasfondo de la suspensión del proceso es resultado de una decisión del establecimiento y el gobierno de minar el camino de la solución política del conflicto armado; de eso escribí un artículo hace unos meses. El incumplimiento a los compromisos con las FARC, la estrategia de meter condicionamientos no acordados en la mesa de diálogo con el ELN, la negligencia consciente para que el paramilitarismo se reactive, expresan la voluntad de la oligarquía colombiana no solo de desmovilizar a las insurgencias sin cambiarle nada al régimen político -el más excluyente del continente- sino de aprovechar la coyuntura para estrechar aún más los espacios democráticos que hemos conquistado. Esos hechos son notorios, y es de suponer que el ELN los vio y sacó sus conclusiones. Frente a esta determinación del establecimiento, solo había que esperar a que el gobierno encontrara el pretexto para romper o suspender el diálogo o a que el resultado de las elecciones presidenciales y al Congreso modificara el escenario.
Y pasó lo de Barranquilla…
Sí. Lastimosamente el ELN, conociendo este trasfondo, con las acciones de estos días ha facilitado el pretexto para que el gobierno suspenda el proceso y se presente cínicamente como víctima de la intemperancia de la insurgencia. Es verdad que Santos hubiera aprovechado cualquier otra excusa para favorecer su estrategia o hubiera tensionado al máximo las provocaciones, pero ello no excusa la falta de escucha frente al llamado popular para no escalar la guerra. No basta con que las acciones de sabotaje a la infraestructura y el ataque a las fuerzas armadas y a la policía sean acciones permitidas en una guerra irregular como la que tenemos en Colombia, porque lo que es lícito en la guerra no necesariamente resulta legítimo en la lucha revolucionaria. El contexto general de la guerra revolucionaria en Colombia no solo es la existencia del terrorismo de Estado, sino también el de un proceso de paz; y más allá de la justeza de enfrentar un sistema tan injusto, en este momento político la sociedad evalúa sobre todo si los actores armados responden a su demanda por ponerle fin a la confrontación.
Dice usted que el gobierno desde antes de esta escalada ya había minado el camino del diálogo. ¿Podría explicar un poco más?
El problema de fondo es que los sectores del establecimiento que tuvieron el tímido interés de terminar el conflicto armado mediante el diálogo -lo que hoy se llama el santismo- finalmente cedieron del todo ante el terrorismo de Estado -el verdadero sistema político que hay que desmontar para aspirar a la paz- y en cambio optaron por protegerlo, alimentarlo y estimularlo. Nada ha hecho el gobierno ante los asesinatos de cientos de líderes y lideresas sociales -cometidos muchos de ellos por las fuerzas armadas oficiales, como he dicho-, salvo la justificación hecha por el ministro de Defensa, que es oprobiosa; nada ha hecho ante la profusión del paramilitarismo, salvo negar su existencia misma; nada ha hecho frente a las mafias electorales que han capturado el presupuesto público, salvo aliarse con ellas. Y esa semana, ante el llamado de los candidatos y candidatas de la extrema derecha a la presidencia, Juan Manuel Santos les ha otorgado la cereza de su estrategia.
Pero si todo esto más o menos ya se veía posible, ¿por qué insistir en el proceso? ¿Qué hicieron ustedes, las organizaciones que impulsan el proceso de paz, para enfrentar esta situación?
Las razones para continuar en el proceso de paz son diversas según los sectores sociales y los intereses, de modo solo puedo responder por quienes trabajamos cercanamente. Consideramos que la guerra revolucionaria debe terminar (hago énfasis en el debe) porque agotó sus posibilidades transformadoras; pero solo puede terminar (y también hago énfasis en el puede) si el régimen político se transforma, esencialmente si se desmonta el terrorismo de Estado. Así que, más allá de los avatares de la mesa de negociación, la tarea sigue siendo ineludible.
Pero entiendo que su pregunta es menos estructural y más ligada a este momento de la mesa de diálogos, así que la respondo: La tarea que nos dimos algunas organizaciones promotoras del diálogo para este interregno pantanoso fue, en buena medida, garantizar todo el aire posible a un proceso asfixiado por ese enroque del gobierno con la extrema derecha, un aire que sobre todo es necesario por la dinámica electoral en que estamos, y por otra parte propiciar avances en el proceso de participación que le permitan o por lo menos le ofrezcan al gobierno y Congreso elegidos un camino atractivo de ser seguido. Muchas de nosotras en un principio quisimos que se tratara de lograr hechos irreversibles antes de finalizar el periodo de Santos. Desde finales de 2017 resulta claro que podemos aspirar a que las partes promuevan o faciliten algunas experiencias piloto de participación, avancen en diálogos exploratorios sobre temáticas territoriales, minero-energéticas y humanitarias, y logren sustantivas mejoras en las condiciones de protección a las comunidades, por ejemplo el desminado o la reducción de la intensidad de confrontación.
El presidente Santos ha suspendido las conversaciones pero no las ha roto. ¿Considera que el gobierno ha dejado un espacio para el diálogo?
Es dudoso que Santos quiera dejar un margen para reactivar el diálogo con el ELN hasta “ver coherencia entre sus palabras y sus acciones”, como dijo él mismo esta semana; sobre todo porque en esto de coherencia el gobierno no puede hablar mucho. Más bien espera que en el curso de estos meses acontezca un nuevo acto de guerra del ELN de impacto mediático aún mayor que los ataques de estos días, para justificar en la cima del momento electoral la ruptura total del proceso y darla como obsequio a alguna campaña electoral de la extrema derecha. Espero que el ELN no caiga en esa trampa y desista de su táctica de escalamiento armado.
¿Van a hacer algo las organizaciones sociales para salvar ese proceso?
En realidad venimos haciendo muchas cosas, que incluyen la presentación de propuestas concretas para destrabar el proceso, la acción mediática para contener la arremetida de los guerreristas, el diálogo con las partes. Lo que es claro es que solo una acción política muy decidida del campo popular puede mover el escenario político en los dos sentidos que se requieren: que el gobierno se siente a la mesa convencido de que el terrorismo de Estado debe ser desmontado y por tanto decidido a actuar ya, y que el ELN decida desescalar sus acciones bélicas. Ni el gobierno ni el ELN pueden esperar que la mesa se reactive si se mantienen fijos en sus posiciones de estos días.
Hay el rumor de que una delegación de organizaciones sociales va a Quito la próxima semana a hablar con el ELN. ¿Es verdad? ¿Qué propuesta llevan?
No solo vamos a hablar con el ELN. También hemos pedido al presidente Santos y a la Delegación del gobierno nacional que nos reunamos. La idea es expresarles las visiones sobre los avances del proceso que a nuestro entender ya son un bien público; también estamos trabajando unas propuestas para reinstalar la mesa de diálogos, aunque se trata de ideas confidenciales; y queremos sobre todo insistirle a las partes que tenemos toda la voluntad de seguir impulsando la participación de la sociedad colombiana en la solución del conflicto armado interno. En esta coyuntura crítica del diálogo entre el Estado y el ELN nos toca actuar en todos esos frentes: hacer propuestas específicas para desescalar intensidad de la confrontación, proponer medidas que hagan viable un cese bilateral duradero y, lo que es central en este proceso: dar inicio al Diálogo Nacional. Y además nos vamos a poner a trabajar de inmediato en lo que hemos llamado unos Diálogos Regionales, para que el proceso no pierda impulso y por el contrario le mostremos a las partes que sí hay con quién hacer el proceso y que hay formas de construir ideas comunes sobre la paz.
Estamos juntando esfuerzos el comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, la campaña Paz Completa, la Redprodepaz, la Mesa Social Minero Energética y Ambiental, Redepaz, la ONIC, la CUT, el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Planeta Paz, varias iglesias cristianas, diversas ongs; queremos que todos estemos en esta tarea.