Las tensiones en cada escenario son conocidas: la paz se juega entre el apaciguamiento de las luchas sociales pretendido por el régimen como resultado de los acuerdos con las FARC y la continuidad del terrorismo de Estado, entre la urgencia de implementar los acuerdos de La Habana y la apertura de un proceso de participación previsto entre el gobierno y el ELN para acordar las transformaciones que requiere la paz, entre la disminución de la actividad militar y los anuncios de grandes operativos contra el ELN, y entre la necesidad de que el gobierno cumpla lo pactado y un establecimiento cicatero que no desaprovecha oportunidad para mezquinar desde la seguridad hasta la comida de los excombatientes en transe de dejación de armas, incluida su repulsa a cualquier acto de reconciliación, sea un baile decembrino, o sea una fotografía de soldados e insurgentes.

 

Por su parte, los alinderamientos electorales se mueven entre la continuidad de una tendencia para agruparse ideológicamente, cuyo protagonista principal es la convergencia entre el conservadurismo social y el liderazgo de extrema derecha (cristofascismo ha sido llamado en otras latitudes) y las urgencias de sumar grandes electorados a despecho de las distancias o cercanías ideológicas; entre la apuesta por unificar la agenda electoral en torno a la paz (que paradójicamente beneficia a la derecha) y por diversificarla con asuntos como la corrupción y algunos puntos del modelo económico; todo ello expresado en un juego de posibles alianzas y coaliciones, e incluso posibles fusiones partidarias, donde la izquierda socialista o revolucionaria (que vota) se ve descolocada.

 

La movilización y protesta popular siguen con las mismas urgencias e idénticas limitaciones a las que ha debido sortear en los últimos años: mantiene la fortaleza de las organizaciones del campo (indígenas, afros y campesinos) y tiene una negociación bloqueada con el gobierno, lo que se expresará muy posiblemente en nuevas acciones socio-políticas; pero a su interior hay una diferencia sobre cómo armonizar lucha por la paz y lucha por los derechos, que hasta el momento se ha zanjado con un acuerdo tácito de “dejar hacer” a los que priorizan el enfrentamiento al gobierno pero sin que los otros los acompañen con determinación. Lo nuevo en el campo rural es la inminente traición del gobierno al espíritu de los acuerdos de La Habana: las Zonas de Reserva Campesina no se desatascan y es obvio que el gobierno las dejará para después de la dejación de armas… y varios semestres más. Pero las modificaciones en los acuerdos sobre cultivos ilegales que se hicieron a los Acuerdos de La Habana serán punto de conflictividad con muchas comunidades campesinas que ya habían avanzado acuerdos directos de sustitución menos onerosos con el gobierno. De hecho, la obligación de erradicar antes de iniciar la sustitución es una imposición no solo agresiva sino antitécnica, y producirá “soluciones informales” por parte de las personas cultivadoras y por ende “soluciones típicas” por el aparato policivo-militar. Por otra parte, siguen afirmándose las grandes luchas urbano-rurales contra el extractivismo y por el derecho al agua y al medio ambiente, y en las ciudades se abren paso los procesos de revocatoria de mandatos de alcaldías impopulares, el principal de ellos en Bogotá contra Peñalosa, que por su impacto tendrá repercusiones nacionales. Si los anteriores son rasgos principales de la coyuntura 2017-2018, se ponen a la orden del día algunos elementos de agenda:

 

El escenario electoral

 

Es costumbre en los medios de comunicación del establecimiento condenar lo que llaman la “politización de la paz”, en otras palabras, la inclusión de los temas del conflicto armado en las campañas electorales. Y en sectores de la izquierda a menudo hay un sentimiento de temor cuando la paz aparece en boca de candidatos. El problema es que la derecha ha sido más eficaz utilizando el conflicto armado y la paz para crear mayorías conservadoras (a veces cavernarias) con las cuales movilizar al electorado, como aconteció en octubre de 2016 en el plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana.

 

Las fuerzas sociales que siguen defendiendo la necesidad de una superación negociada del conflicto armado no deben eludir el escenario de las próximas elecciones, y antes por el contrario deben volcarse audazmente a ganarlo. Hasta ahora la paz no ha permitido que la izquierda unifique una estrategia electoral, mientras que oponiéndose a ella la extrema derecha cristofascista y el conservadurismo social (homofóbico, misógino, antiabortista, antilaicista) han creado una mayoría electoral. Es casi inevitable que el discurso guerrerista contra la paz, montado sobre estas ideologías reaccionarias, centre la campaña electoral del uribismo. Excluirse de ese espacio es simplemente dejarlo en manos de la politiquería y del Centro Democrático; y ya se evidenció el 2 de octubre cómo se comporta el llamado santismo en los escenarios electorales asociados a la paz.

 

Por el contrario, en el escenario electoral urge posicionar la implementación de los acuerdos de La Habana y la participación de la sociedad en los diálogos con el ELN. Al respecto, algunas acciones resultan prioritarias: Primero, el movimiento social popular y las izquierdas deben demandar de los partidos políticos y de todos los candidatos al Congreso y Presidencia un posicionamiento explícito sobre la continuidad de la política de negociación existente, tanto sobre la implementación de los acordado en La Habana como del diálogo participativo con el ELN; en el marco de la formulación de los Planes para la Transformación Rural y los Planes de Desarrollo con el Enfoque PDET, así como del Diálogo Nacional, un bloque de la izquierda y el movimiento popular debe establecer conversaciones directas y debates públicos con esos actores; también es necesario de esta parte un pronunciamiento claro sobre las acciones que van a promover o implementar respecto del terrorismo de Estado y la creciente ola de asesinatos y atentados al liderazgo social popular. Ya se conoce la posición de la extrema derecha, pero es dable obligarles a pronunciarse sobre el modo de terminar la guerra que promueven y tener un adversario más claro en la denuncia; y más importante es presionar a partidos como Cambio Radical y Conservador a sincerarse, igual que a sectores de La U y el Liberal, que formalmente han acompañado a Santos en su política de paz pero que poco hacen para que la implementación se desarrolle adecuadamente y que usan los acuerdos con un sentido corporativo que los erosiona.

 

En este mismo campo -en segundo lugar- resultaría muy importante que el ELN y las FARC se incorporaran en estos diálogos con todos los candidatos y partidos. La carga principal le corresponde al ELN, que no ha llegado a acuerdos con el Estado, sobre todo para des-militarizar el escenario electoral y politizarlo; un desescalamiento de las acciones militares de esa organización y del Ejército, acompañado de un intercambio epistolar y directo sobre los temas centrales de la terminación del conflicto -que en la agenda pactada se llama con acierto “transformaciones para la paz”- contribuiría a que el ámbito electoral cumpliera su cometido. No hay que desestimar el papel de propuestas que excluyen la paz de la discusión electoral, pues algunas propugnan por la marginalización del proceso de paz y de sus actores centrales; esto es aún más negativo para el ELN cuyo proceso apenas empieza. Así mismo, la izquierda social y política debe tomar nota de las declaraciones de varios vocerías de partidos del establecimiento en el sentido de no abrir espacios políticos ni mediáticos a las insurgencias en tránsito a la vida legal; para impedir el aislamiento de las FARC una vez dejen las armas -cuando el establecimiento espera que su capacidad de presión disminuya- y del diálogo de Quito y el Diálogo Nacional que proponen diversas organizaciones, es necesario actuar con audacia a favor de la visibilidad y no estigmatización de esas fuerzas políticas, pues la transición es imposible sin que FARC y ELN se conviertan en un actor natural y aceptado en una posible eventual democracia colombiana.

 

La agenda de paz y las luchas populares

 

Hasta ahora la agenda de paz ha logrado en alguna medida subordinar, apaciguar u ocultar la agenda de luchas populares. Esto fue posible porque se impuso en varios sectores populares un enfoque político que asoció la posibilidad de los acuerdos a la legitimidad del gobierno y en consecuencia contuvo las acciones de protesta; pero también porque las conversaciones de La Habana se acordaron como una fase de “terminación del conflicto” armado. El escenario que se abre en los procesos con FARC y ELN permiten un nuevo enfoque que es posible aprovechar: la implementación de los Acuerdos de La Habana entran ya en el campo de la “construcción de la paz”, o en otras palabras, en la transformación de las causas estructurales del conflicto, como el mismo gobierno ha anunciado; espacio convergente con la participación protagónica de la sociedad para definir las transformaciones necesarias para la paz, como está previsto en el diálogo del gobierno con el ELN. Así las cosas, la paz ya no podrá ser utilizada fácilmente por el discurso del establecimiento como un mecanismo para vaciar de contenido transformador el proceso de paz.

 

Esto permite posicionar los contenidos estructurales tanto en la implementación (La Habana) como en la participación (Quito). En la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y del Plan de Acción para la transformación regional la lucha será obviamente por quién controla la implementación (el primer round lo ha ganado el establecimiento), pero es central impulsar el posicionamiento de los cambios necesarios para la paz.

Sin que signifique reabrir debates sobre los asuntos ya acordados, que pongan en riesgos los avances conquistados por las FARC, es claro que podemos profundizar en algunos de ellos y llenar de sustancia tanto los espacios de la paz como los espacios electorales. Las movilizaciones sociales que prevemos en torno del extractivismo, la erradicación de cultivos ilegales, el aumento de impuestos, la corrupción del empresariado a gran escala y el robo de los recursos públicos, la reducción del salario real, permiten posicionar los cambios institucionales y de política pública que deberán expresarse en los Planes de Transformación Regional como en los Acuerdos sobre las transformaciones para la paz. Contrario al temor de varios sectores políticos sobre el riesgo de que la paz o las elecciones nos absorban las luchas sociales, son éstas las que podrán posicionar los cambios necesarios.

 

Quienes impulsan el Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz han insistido en que las organizaciones populares y democráticas acuerden con el gobierno, el ELN y los gremios del capital la agenda temática de la participación de la sociedad en el proceso de Quito. Ninguna mejor oportunidad para perfilar esos asuntos que en medio de las movilizaciones que se avecinan.

 

Construcción de democracia y desmonte del paramilitarismo

 

La implementación de los acuerdos de La Habana pondrá en evidencia la voluntad política del gobierno y del establecimiento para avanzar hacia una variante moderna de democracia. La falta de voluntad política del establecimiento todo -uribistas y santistas- se corrobora con la actuación de las élites que ante la dejación de armas de las FARC buscan imponerles en esta fase lo que no pudieron en la guerra ni en la negociación. Esto estaba advertido, es cierto, pero no por ello justifica una especie de perplejidad ante lo que acontece y un desgano político para confrontarlo con la movilización.

 

Urge desmontar una idea que reduce las responsabilidades de la oleada criminal a la extrema derecha uribista y a su entorno, mientras que llama y espera que el gobierno de Santos garantice la seguridad del movimiento social y de los excombatientes de las FARC. Lo cierto es que fue el gobierno el que en la mesa de La Habana impidió acciones profundas contra el paramilitarismo; es el gobierno a través de su Ministro de Defensa el que niega la existencia del paramilitarismo; fue Santos quien impulsó al Fiscal Martínez Neira, quien sostiene sin vergüenza que los cientos de asesinatos no responden a un patrón criminal; fue este gobierno el que propuso el ascenso a generales de los militares comprometidos con los falsos positivos; y es este gobierno el que no ha adoptado ninguna medida seria para desmantelar los vínculos del Ejército con los grupos de sicarios. Regalarle a Santos la inocencia por adelantado es no solo ingenuo sino que reproduce la impunidad del aparato que sostiene el terrorismo de Estado.

 

Todo el establecimiento debe responder por el terrorismo de Estado, no solo por obligación institucional sino porque han sido responsables materiales de este modelo de acción política. La obligación de los sectores populares es poner sobre el tapete que ninguna transición es posible sin su desmonte. Los acuerdos que se lograron en La Habana son un primer paso, pero son evidentemente insuficientes; el movimiento por la paz debe ser radical en esta exigencia, que debe estar en primer plano en los tres escenarios identificados: el de la paz, el electoral y el de la lucha popular de masas.No es necesario esperar a que la cifra de asesinatos ascienda a 5.000 para constatar el nuevo intento de genocidio político; hace ya varios meses se debió acordar una acción nacional de masas contra el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, acompañada de propuestas específicas para su desmonte. Éstas deben incluir, sin duda, un proceso público de depuración de la fuerza pública y el cambio de la doctrina represiva que la sustenta, monitoreada por organismos democráticos de la sociedad; las organizaciones de derechos humanos han elaborado propuestas concienzudas y equilibradas que tienen consenso en amplios sectores, incluida la llamada comunidad internacional y los organismos multilaterales de derechos humanos.

 

Fase pública con el ELN y participación

 

Los diálogos del gobierno y el ELN se iniciarán este 8 de febrero en su fase pública. La discusión sobre los temas humanitarios y la participación de la sociedad serán los temas que de forma directa se vincularán con la agenda electoral y de las movilizaciones populares.

 

La primera tarea en este semestre es acordar la forma como deberá darse esa participación para que sea activa, determinante, útil, democratizadora. Como se señaló antes, el Comité de Impulso del Diálogo Nacional ha insistido en lograr un pacto político entre el movimiento y organizaciones populares con los gremios del capital, el gobierno y el ELN para definir los temas gruesos de esa participación, a lo que debe agregarse la definición del alcance de la misma, las garantías y sobre todo los procedimientos; los Cabildos Abiertos locales y regionales se erigen en la propuesta más viable para avanzar. Un Encuentro Nacional de Paz debería tomar una decisión en tal sentido; con presencia de todos los actores sociales y políticos del país, de todas las tendencias, será un lugar privilegiado para ganar políticamente a la derecha el sentido de paz transformadora.

 

Previo a ello, en el campo popular se necesario unificar una propia propuesta de mecanismo y de agenda, en el entendido de que luego habrá que acordarla con los contradictores. Lo que sí es innegociable es que se trata de una participación protagónica que no será delgada a nadie más. El ELN ha logrado que el gobierno acepte que la negociación fundamental se haga en Colombia y en el seno de la sociedad; sería un desperdicio que el movimiento democrático y de paz mantuviera una estrategia de “incidencia” en Quito cuando ya existe ganado un espacio para la decisión y la construcción de acuerdos en Colombia. El gobierno insiste en que el ELN no tiene la legitimidad para discutir ni para acordar los asuntos del modelo económico y de las fuerzas militares; pero la discusión es otra: si la sociedad en su conjunto tiene la legitimidad soberana para reestructurar el Estado y el gobierno, y sobre todo si tiene la capacidad y voluntad para lograrlo.

 

Finalmente, en cuanto a los diálogos de Quito el establecimiento debe abandonar cualquier idea de una negociación exprés y de adhesión a lo ya acordado en La Habana con las FARC; ese es un camino fallido. Pero sí hay cosas que se pueden aprender de lo recorrido: Por un lado, insistir en la importancia de desescalar las acciones militares. Está visto que la sociedad en su conjunto pero especialmente las comunidades locales y las organizaciones sociales se marginan del proceso si éste no implica inmediatos cambios en las condiciones humanitarias. Y por otro, empezar a adoptar acuerdos de aplicación inmediata en el Diálogo Nacional, que refuercen la vinculación activa de comunidades y organizaciones al proceso; pactos de convivencia local para superar situaciones de violencia aguda y la respuesta positiva del gobierno a los acuerdos históricamente incumplidos, son pequeñas felicidades que sustentan verdaderas transformaciones para la paz.