La Corte salvó el Marco para la Paz pero faltan las preguntas más duras
Por: Juan Esteban Lewin
El día antes de su posesión para un segundo mandato, Juan Manuel Santos recibió una buena noticia: la Corte Constitucional avaló el Marco Jurídico para la Paz, su carta para mostrarle a las Farc que la mayoría de sus miembros no tendrán que ir a la cárcel y podrán participar en política si se desmovilizan. Pero ahora se viene un debate muy duro sobre si los guerrilleros que cometieron crímenes como secuestrar, poner bombas o violar mujeres pueden ser elegidos por los colombianos.
El Marco es una reforma constitucional que creó las reglas generales para una justicia transicional que va a servir para una eventual desmovilización de los guerrilleros de las Farc, y posiblemente de otros grupos.
Establece que el Estado no debe investigar todos y cada uno de los delitos cometidos por quienes se desmovilicen, que habrá mecanismos de verdad y reparación incluyendo una Comisión de la Verdad, que habrá penas diferentes a la cárcel para los desmovilizados que cumplan algunos requisitos, y que parte de los guerrilleros podrán participar en política.
Cuando el Gobierno lo presentó en el Congreso, en 2011, despertó críticas de defensores de Derechos Humanos y de la derecha. Y aún después de aprobado por el Congreso, terminó demandado ante la Corte Constitucional.
Del lado de los Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas demandó la parte que permite al Estado solo investigar penalmente algunos delitos, primero priorizando algunos tipos de delitos (el secuestro, por ejemplo) y seleccionar, dentro de ellos, algunos hechos. Para la CCJ eso equivalía a asegurar la impunidad de los hechos no seleccionados, y por eso era una violación de los derechos de las víctimas.
El año pasado la Corte falló esa parte y avaló el Marco, lo que quiere decir que aceptó que no se puede investigar cada hecho por si solo.
Justo después de esa decisión fue el uribismo quien atacó. El abogado Rafael Guarín presentó unademanda en la que no solo pidió reabrir el primer tema sino que también le pedía a la Corte endureciera la exigencias para que los guerrilleros participen en política.
A su juicio, no hacerlo permite que quienes han cometido actos terroristas o incluso delitos de lesa humanidad terminen siendo elegidos, es decir, que algunos cuadros de la guerrilla que entren a hacer política.
Hoy la Corte, negó la demanda de Guarín. Incluso, cuatro magistrados (Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, Gloria Stella Ortiz y Luis Ernesto Vargas), argumentaron que la demanda estaba mal formulada y la Corte no debería haberse pronunciado.
En cualquier caso, la mayoría decidió dejar intacto el artículo tercero del Marco, lo que da vía libre a que solo queden inhabilitados los guerrilleros que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. El resto podrán participar en política, una posibilidad fundamental para que las Farc firmen la paz en La Habana.
Aunque esa decisión le quita de encima una amenaza al Marco, no quiere decir que ya todo esté listo para aplicarlo. Y ahí es donde el Gobierno y el Congreso vuelven a entrar a jugar, en un trámite que promete revivir el debate.
La pelota cae en el Congreso y en el Gobierno
Lo que se viene puede ser más duro que lo que ha pasado hasta ahora, porque para que el Marco funcione se necesitan dos leyes estatutarias que tendrá que redactar el Gobierno y luego aprobar el Congreso. Como los puntos son tan delicados, el debate político será intenso. “Será un debate de gran filigrana y carpintería” explicó el senador liberal Juan Manuel Galán.
La primera ley estatutaria será la que defina los criterios que tiene que tener la Fiscalía para priorizar y seleccionar delitos. Aunque la Corte dio unos lineamientos en su sentencia del año pasado, el Congreso tiene un margen de maniobra importante, y seguramente se reeditarán las críticas de la derecha y la izquierda que piden que se seleccionen la mayor cantidad posible de hechos.
La segunda, que será sobre qué guerrilleros podrían ser elegidos, también es muy compleja. La regla general es que una persona no puede ser elegida cuando fue condenada, al menos que su delito hubiera sido culposo (sin intención) o un delito político.
Pero el Marco le da al Congreso la posibilidad de crear una lista de crímenes (como el secuestro, el homicidio o los delitos sexuales) que pueden ser conexos al delito político y, por lo tanto, que al haberlos cometido dentro de las filas de la guerrilla les permitirían ser elegidos. El único límite es que el genocidio no puede quedar en la lista, y tampoco pueden ser elegidos los que hayan cometido crímenes considerados de lesa humanidad. Este último punto fue debatido en la Corte y dos magistrados, Palacio y Ortiz, señalaron que debía caerse.
Como no se cayó, el Congreso debe definir si un guerrillero que secuestró puede ser elegido popularmente o no. Y la discusión se puede ir a detalles más específicos ¿si retuvo a un militar en combate es distinto a si lo hizo desarmado? ¿si secuestró a un político adulto es diferente a si lo hizo con su hijo?
Ese trámite promete ser difícil. Por un lado, las críticas desde la oposición uribista son previsibles e incluso, según supo La Silla, en el Centro Democrático están pensando en presentar un proyecto de acto legislativo para tumbar el Marco.
Aún en la coalición santista la situación no es obvia. El senador José David Name le dijo a La Silla, en suprimera entrevista como nuevo presidente del Congreso, que no está de acuerdo en que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad tengan permitido por ejemplo llegar al Congreso, y que en eso no es flexible.
Por eso, a pesar de la victoria en la Corte, el Gobierno todavía no la tiene asegurada y al Congreso se le viene la primera prueba para saber si realmente es, como dijo Santos, “el de la paz”.
Nota: después de publciada esta historia la Corte hizo público el comunciado de prensa que presenta su decisión. Actualizamos la nota con esa nueva información a la 1:30 pm del siete de agosto.