Guiadas por el contexto de negociación y/o post acuerdo, en esta publicación nos interesa visibilizar dos ejes centrales para las luchas de las mujeres en el actual proceso de paz en Colombia que, por un lado, tiene que ver con la implementación del Acuerdo de La Habana y, por otro, con la participación social de cara a la negociación entre el ELN el Gobierno nacional.

 

El primero de ellos está relacionado con un balance sobre algunas de las Agendas de Paz de las mujeres en ambos departamentos, y tiene como propósito visibilizar los mensajes que las mujeres y sus organizaciones construyeron de cara al escenario de negociación de paz. Las Agendas han contribuido a posicionar mensajes y posturas políticas significativas para pensar la terminación del conflicto y la construcción de paz desde una perspectiva de género. Se ha resaltado, entre otras: la importancia de la participación durante y después de la negociación como un mecanismo fundamental para la garantía de sus derechos, tal como lo reconoce la jurisprudencia internacional; la necesidad de formular y profundizar las medidas de no repetición del conflicto armado para asegurar transformaciones de las estructuras sexistas, patriarcales y militaristas que reproducen las violencias de género a la vez que agravan las dinámicas del conflicto armado.

 

La lectura de las Agendas de Paz de los últimos cuatro años indica que éstas lograron articular un número importante de organizaciones. Sus apuestas reflejan no sólo la preocupación por incidir en la construcción de paz sino que dan cuenta de luchas históricas de las mujeres en los territorios del Cauca y La Guajira. En este texto enfatizamos en los procesos del Espacio de Mujeres Diversas y Paz de Santander de Quilichao, el Grupo de Mujeres Campesinas de Vida y Territorio en Sucre, Cauca y del Colectivo Waimpirai del Resguardo indígena de Zahíno en Barrancas, que construyeron propuestas de paz en medio de los escenarios facilitados por el proyecto ejecutado por la Corporación Ensayos, el Observatorio ADPI y el Col-lectiu Maloka.

 

El segundo eje que abordamos está vinculado con los alcances y limitaciones para la formulación, transformación y/o seguimiento de la política pública en materia de derechos de las mujeres, un escenario fundamental para la incidencia de las mujeres y la población LBTI en el marco de la implementación de los acuerdos. Teniendo en cuenta que los planes de desarrollo municipales iniciaron su vigencia en 2016, año de ejecución del proyecto, consideramos importante hacer un balance sobre cómo fueron vinculadas o incluidas las mujeres en la construcción de paz, para ofrecer una herramientas para la incidencia que, en el mediano plazo, permitan hacer veeduría sobre metas e indicadores y participar en los programas que consideren relevantes para su acción política. De esta manera, hacemos una descripción de los programas, metas y actividades de las políticas públicas sobre mujeres y paz en los planes de desarrollo de los municipios de Santander de Quilichao y Sucre, en el departamento del Cauca, y de Barrancas, en La Guajira.

 

Pretendemos que, con estas herramientas, podamos seguir haciendo incidencia política, desarrollando veedurías y mecanismos para evidenciar los avances y obstáculos de la política pública en materia del derecho a la paz para las mujeres, y diseñando rutas y planes de acción para implementación y ampliación de sus Agendas. Creemos que este es un camino posible para que la participación política no se reduzca a un asunto de representatividad o de inclusión, y, en cambio, se comprenda en términos de paridad política, es decir, como un asunto de garantías políticas de independencia y autonomía para la participación. Este esfuerzo debe ir acompañado de un reconocimiento cultural que facilite que sectores sociales excluidos, como el movimiento de mujeres, puedan tener las mismas oportunidades de participación política. Implica, además, reconocer la heterogeneidad de experiencias que varían según la edad, el género, la sexualidad, la clase, la etnia y la raza.

 

La paridad política es un concepto que ha cobrado importancia reciente en las discusiones sobre la justicia de género. En la medida que no es un concepto exclusivo para referirse al género, sino que aplica para otros tipos de exclusión donde opera la injusticia en términos de redistribución y/o de reconocimiento (como las asociadas a la clase o la identidad étnica, cultural y sexual), puede posibilitar transformaciones a largo plazo en la cultura política dominante que ha excluido históricamente a las mujeres de la participación política y que, en épocas recientes, las ha “discrimina positivamente”. Ésta es una de las propuestas que han reivindicado las mujeres en la construcción de sus Agendas de paz locales y regionales para participar en la implementación del Acuerdo de La Habana y la construcción de transformaciones necesarias para la paz que se propone en Quito.