Corporación Ensayos: Con la última aprobación de los acuerdos de La Habana ¿Cómo quedaron las mujeres de cara a sus apuestas y especialmente los procesos y organizaciones de los cuales usted representa?

Marcela Amador: Quedaron, que es importante, pero la valoración sobre el cómo quedaron sí tiene otros matices si analizamos comparativamente el acuerdo final que se firmó el 26 de septiembre y el que se firmó después de que ganara el No en el plebiscito por la paz, que todavía lo cargo con vergüenza y frustración. El papel que han jugado las mujeres y la población LGBTI ha sido fundamental en el proceso de negociación. Y eso que no estuvieron desde el inicio de la negociación por la manera como las FARC y el gobierno pautaron que sería la participación del movimiento social y popular, así como del resto de la sociedad colombiana. Y esa decisión pudo habernos gustado o no en su momento. Creo que fue una mala decisión, por eso tal vez la dificultad para cerrar de manera más adecuada el pacto con la sociedad colombiana. Pero a lo que me refiero es que a pesar de eso, las mujeres no se quedaron esperando a que llegara la voluntad política de las partes, no se hicieron las de la vista gorda como si eso no tuviera nada que ver con ellas o como si por el hecho de no estar ahí sentadas las decisiones que se iban a tomar en La Habana no fueran a afectarlas. Por eso creo que lo que ocurrió ahí no tiene precedentes en el país, porque ha sido una muestra de la capacidad política de las mujeres para construirse como sujetos políticos en una coyuntura tan importante. Su presencia e incidencia en la mesa de negociación fue el resultado de una fuerte presión que hicieron para posicionar sus apuestas políticas, fue el resultado de una larga historia de luchas. No es cualquier cosa que las organizaciones de mujeres y LGBTI hayan logrado que las partes acordaran la conformación de la subcomisión de género y que el trabajo de la subcomisión haya tenido como resultado la construcción de un enfoque de género transversal en los acuerdos. Su conformación implica el reconocimiento de la discriminación histórica de las mujeres y la población LGBTI, y también que han sido afectadas de manera diferencial por el conflicto armado. Esto no ha ocurrido en ningún proceso de paz en el mundo. Y aunque se “cocinó” durante dos años, fue uno de los que se presentó de manera más reciente. Está estructurado a través de ocho ejes temáticos que apuntan a garantizar la equidad de género. Por ejemplo, en materia de tierras, la propuesta es garantizar el acceso y la formalización de tierras a las mujeres. Esto implica de entrada un reconocimiento de que esta es una de las formas en las que opera la discriminación histórica hacia las mujeres porque no accedemos a las tierras en igualdad de condiciones que los hombres. También está contemplado garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a las mujeres y a la población LGBTI; promover la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; garantizar medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres. En el punto de víctimas, para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, uno de los logros fundamentales fue la creación de la Comisión de la Verdad y la creación de un grupo especial para la investigación de la violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la paz, que además no será objeto ni de amnistías ni de indultos. También incorpora la idea de garantizar el reconocimiento público, la no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres y población LGBTI como sujetos políticos; el fortalecimiento de la organización y participación política y contempla la importancia de construir sistemas de información desagregados, reconociendo la precariedad que existe en la información. Por todo esto digo que el hecho que las mujeres hayan quedado ya es de por sí importante y, por supuesto, que no ha sido tampoco un regalo sino una conquista.

Y el acuerdo efectivamente no es un acuerdo perfecto pero en términos de las apuestas de las mujeres y la población LGBTI, el primer acuerdo pactado era mejor que el final, el que surgió después del fatídico No en el plebiscito por la paz. Por la presión de la derecha reaccionaria, hubo un retroceso en varios temas: preocupante, por ejemplo, que no quedara en el bloque de constitucionalidad como estaba previsto; los límites que pusieron a la reforma rural. Y también creo que hubo cambios sustanciales en la forma como quedaron consignadas las apuestas de las mujeres y la población LGBTI. No es casualidad que se haya reducido tanto el número de veces que se nombra la palabra “enfoque de género”. Las referencias explícitas a la población LGBTI también disminuyeron, mientras aumentaron las referencias a la familia como unidad social, la familia tradicional, la libertad de cultos, entre otros. Planteado así parecería a simple vista una minucia, pero no lo es porque como bien han dicho y hemos dicho las feministas “lo que no se nombra, no existe”. El texto inicial era muy enfático y detallado en mencionar la importancia de alcanzar la igualdad para las mujeres y la población LGBTI, pero la iglesia católica y las iglesias evangélicas “pusieron el grito en el cielo”, literalmente. Nunca había sido tan apropiada esa expresión. A eso fue a lo que llamaron “ideología de género”. Desde una posición totalmente reaccionaria, encabezada por el procurador Ordoñez, tardíamente destituido, y por Álvaro Uribe, que lideraron la campaña por el “No”, los sectores de la derecha colombiana se alinearon para señalar que lo contenido en el acuerdo era una amenaza a la familia tradicional, una amenaza a la iglesia y que los acuerdos querían cambiar la familia. Por eso creo que no es equivocado decir que las grandes vencedoras en el plebiscito por la paz fueron las iglesias. Lo que no podemos perder de vista es que el acuerdo en su conjunto es un marco que define unas pautas y lineamientos de interpretación. El acuerdo es una ventana para lograr varias transformaciones que necesitamos para construir una sociedad diferente. Es un acuerdo para terminar la guerra. Y lo que nos queda de aquí en adelante es construir la paz. Las mujeres y la población LGBTI sabemos que el acuerdo es un camino y un medio. Nuestro aporte en la construcción de paz en el marco que establecen los acuerdos irá de la mano con nuestras propias reivindicaciones y luchas históricas como mujeres que no detendremos ni pospondremos. Eso es lo que no podemos perder de vista. Por eso creo que es un momento que exige de mucha creatividad porque podemos aprovechar para nuestro favor esa ambigüedad en materia de género que quedó planteada en los acuerdos e inclinar la balanza a nuestro favor. Porque los cambios incorporados en el acuerdo después del No pueden ser el producto de la victoria de la derecha reaccionaria. Pero una cosa es la definición del marco interpretativo de los acuerdos y otra cosa es la implementación. Y ahí tenemos un gran desafío para revertir ese espíritu reaccionario.

C.E: En el acuerdo final se incluyó un capítulo étnico que menciona que “Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación” ¿Cuáles serían las recomendaciones para que este enfoque logre ser transversal? ¿Cómo reciben las mujeres de grupos étnicos este capítulo?

M.A: En términos generales, no me cabe duda que la inclusión del capítulo étnico fue un logro de los pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes. Fue un logro tardío, pero un logro al fin y al cabo. No es un dato menor que esté incluido en el punto 6 de los acuerdos. Los pueblos indígenas, principalmente los del Cauca, fueron un actor central para motivar una salida negociada al conflicto, incluso varios años antes de que la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC se instalara en La Habana. Por diferentes motivos, disminuyeron notablemente su incidencia política en el tema de paz, a pesar de que históricamente han construido importantes propuestas comunitarias para hacerle frente al conflicto armado. Desde los primeros momentos en los que se instaló la mesa de negociación expresaron su desacuerdo frente a los mecanismos de participación previstos, que efectivamente no les incluyó desde un inicio. Pero no incluyó a los pueblos indígenas ni tampoco al resto de sectores y de movimientos sociales, incluidas las mujeres. Pero hubo quienes entendieron rápidamente que así estuvieran sentados negociando sólo las FARC y el gobierno, lo que allá se estaba discutiendo era tan importante que iba a tener impactos en nuestras vidas. Y las mujeres en eso fueron muy perspicaces y adquirieron un gran protagonismo a punta de presión política. Y eso sí hace la diferencia en los acuerdos en su conjunto porque las mujeres y la población LGBTI lograron construir un enfoque transversal, que interpela, afecta e impacta en toda la sociedad. Lo digo con la alegría que eso me genera en mi coincidencia con las luchas de las mujeres, pero también lo digo con tristeza en mi coincidencia con las luchas de los pueblos indígenas. Porque eso significa que los pueblos indígenas, y me refiero a esa realidad específica porque es la que conozco, no lograron impactar e interpelar a la sociedad en su conjunto con sus propuestas de paz, con su propia perspectiva sobre algunos de los caminos para la transformación social. Y el capítulo étnico es un logro, pero únicamente queda circunscrito a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y la verdad es que tengo reparos en la forma como en Colombia hemos definido qué es la etnicidad y quiénes son los sujetos étnicos. Ese es un problema conceptual y va mucho más allá del acuerdo, y no pretendo que el acuerdo hubiera podido resolverlo, así que es una discusión en la que ahora no me voy a detener. Pero en términos generales, preocupa que quedan por fuera otros sujetos que han sido definidos como étnicos por el estado colombiano, quienes también se han visto afectados por el conflicto armado. Creo que el logro fundamental del capítulo está en construir como principio político el reconocimiento y respeto de la autonomía, la libre determinación de los pueblos, el gobierno propio, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que ya están en la normativa internacional y están consagrados en la Constitución. Pero es importante porque implica partir de lo que ya se ha logrado en términos del reconocimiento constitucional y de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluido el Auto 004 y el Auto 092. Otro logro muy importante que encuentro es la conformación de una instancia especial del capítulo étnico que va a tener interlocución directa con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz, así como la inclusión en las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. 

C.E: A partir de los debates surgidos con el resultado de plebiscito del 2 de octubre y las discusiones sobre la “ideología de género” ¿Cómo percibió usted que se dio este debate en la opinión pública? ¿Ganaron los del NO en la versión final de los acuerdos?

Antes mencioné algunos puntos sobre este tema. Efectivamente el No al plebiscito tiene varias dimensiones complejas que se unen para acercarnos a una posible explicación sobre lo que ocurrió, que seguirán siendo objeto de debate. Pero no podemos perder de vista que históricamente Colombia ha sido un país con un alto nivel de abstención. A eso sumemos el profundo desconocimiento sobre el acuerdo, posiblemente producto de la forma cerrada como fue contemplada desde un inicio la participación de la sociedad civil en la mesa de negociación, que al final no permitió cerrar de manera adecuada los pactos necesarios y las condiciones precarias y también muy insuficientes en las que se dio todo el proceso de pedagogía para la paz. Fue muy tarde y el profundo desconocimiento fue un factor decisivo. Los esfuerzos de algunas organizaciones sociales y populares en las regiones así como de otros sectores que construyeron procesos educativos para conocer el acuerdo fueron importantes, pero es que no podemos olvidar que los niveles de organización social y política en las regiones son muy variados. No podemos perder de vista otros factores que no sólo son el contexto del debate sobre lo que los sectores más conservadores llaman “ideología de género”, sino que son constitutivos de esa discusión. Durante los últimos años, el país ha vivido importantes avances en materia del reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, principalmente en torno al matrimonio y la adopción. Pero esos logros consagrados jurídicamente han encontrado a su paso las disposiciones y actitudes reaccionarias de una buena parte de la sociedad colombiana, incluido Alejandro Ordoñez, que en su calidad de procurador, como lo era todavía a mediados del año pasado, tenía como deber constitucional proteger y defender los derechos humanos de la ciudadanía en general. Para la campaña por el “No”, Ordoñez y Uribe tergiversaron y manipularon a su antojo un debate público que estaba ocurriendo en ese momento sobre la educación sexual y la diversidad sexual en los manuales de convivencia escolares y acuñaron una expresión que ya la iglesia viene usando desde hace mucho tiempo y que llaman “ideología de género”. Ese es un término peyorativo que lo que busca es señalar y estigmatizar las luchas históricas de las mujeres y la población LGBTI en contra de la desigualdad, la discriminación y la subordinación, argumentando que eso es una amenaza a la existencia de la familia. Por eso es muy importante que trabajemos en mostrar que no existe la “ideología de género”, sino que existe el género y la perspectiva de género como un instrumento de análisis. Como buenos oscurantistas que sí son, nublaron más el panorama no sólo poniendo en el “ojo del huracán” a Gina Parody, que en ese entonces era la ministra de educación y que en reiteradas ocasiones fue señalada y difamada por Ordoñez por su orientación sexual, sino que también presentaron un material gráfico para adultos producido en otro país diciendo que eran las cartillas que el Ministerio de Educación estaba implementando en los colegios. Efectivamente el Ministerio de Educación en ese entonces sí estaba trabajando en un material con el apoyo de la ONU que se llamaba “Ambientes escolares libres de discriminación”. Y lo estaba haciendo para acatar una orden de la Corte Constitucional que en el año 2015 falló a favor del caso de Sergio Urrego que se había suicidado años atrás por el matoneo que vivió de parte de las directivas de su colegio por ser gay. Y lo que hicieron fue “pescar en río revuelto”, como se dice, y silenciar toda esta discusión de fondo y decir que eso que llaman “ideología de género” quedaba manifiesto en los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Esa fue otra gran mentira que logró alinear a amplios sectores de la sociedad en “defensa de la familia” y, por supuesto, en detrimento de la paz. Lo que deja esta discusión es que Colombia sigue en deuda con la lucha contra las diversas formas de discriminación que vivimos las mujeres y la población LGBTI. Y que el camino no ha sido ni será fácil y que es importante seguir profundizando el enfoque de género que atraviesa los acuerdos de paz para transformar las desigualdades y exclusiones que históricamente hemos vivido las mujeres y la población LGBTI. Lastimosamente fue muy desafortunada la forma como se manipuló esta discusión para cerrarle el paso a los acuerdos de La Habana, bajo el pretexto de que eran una amenaza contra la conformación de la familia y contra el bienestar de la infancia. Pero lo que queda claro es que Colombia está en deuda de dar un debate claro y argumentado sobre “la familia”. El punto de partida debería ser apuntar a mostrar la pluralidad de las familias, que no hay un único modelo de familia. Y en cualquier caso, el elemento fundamental tiene que ser desmontar la cantidad de idealizaciones que tenemos sobre esas familias, en sus múltiples variaciones, porque lo que muestran las investigaciones empíricas es que “la familia” es una de las estructuras más violentas de la sociedad y que las prácticas, disposiciones y relaciones autoritarias y jerárquicas que construimos allí son el modelo que orienta nuestra forma de relacionarnos en otras esferas y niveles más amplios.

C.E: Para el proceso de implementación, el acuerdo prevé la creación de una Instancia Especial conformada por 6 representantes de organizaciones de mujeres nacionales y territoriales para interlocutar con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) ¿Qué podemos esperar las mujeres de esta instancia? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la misma? Y ¿qué desafíos tenemos las mujeres y organizaciones de mujeres para la implementación de los acuerdos?

M.A: Sin duda la creación de la instancia especial conformada por organizaciones de mujeres para el proceso de implementación fue un gran logro. Sabemos que un proceso de paz busca afectar ciertas relaciones y estructuras para lograr unas transformaciones en la sociedad porque hay unas dinámicas de inclusión y exclusión que requieren ser replanteadas para construir nuevas formas de relacionamiento entre diferentes sectores sociales. Eso implica una lucha para redistribuir el poder. Pero la paz no es una, cada quien tiene su propia perspectiva sobre la paz y esas visiones sobre la paz están basadas en las ideas de sociedad que tenemos y hacia dónde creemos que deberíamos avanzar hacia el futuro. Por eso es un terreno de disputa. La implementación es un momento tan importante que lo primero que tenemos que pensar es la responsabilidad ética y política que tenemos para enfrentar ese proceso. Para implementar primero hay que conocer, así que el primer esfuerzo que tendremos que hacer las organizaciones de mujeres, y demás movimientos sociales y populares, es profundizar los procesos pedagógicos locales para que todas y todos conozcamos los acuerdos. Pensar y articular de manera adecuada las estrategias de formación política para que se adecúen a las dinámicas comunitarias y locales es fundamental. Pero además de eso creo que podríamos impulsar un mecanismo para lograr que los colegios públicos y privados, tanto rurales como urbanos, así como las universidades, se comprometan con llevar a cabo un proceso educativo con las y los estudiantes sobre el acuerdo de paz, insertando esto en los currículos. Lo que está claro es que eso no puede depender de la voluntad política bien sea de un rector o rectora, o de un docente particular.

Lo que hay que ver es que el acuerdo entre las FARC y el gobierno construye ya un marco importante, pero a ese marco falta ponerle el cómo y esa es la implementación. Quienes estén concentradas y concentrados en construir ese cómo, en pensarse caminos y formas para ponerle carne a ese acuerdo, tendrán un elemento fundamental. Porque a la implementación hay que llegar con ideas y propuestas para materializar esos acuerdos. Es el momento de la creatividad. Y si no estamos trabajando en eso ya, vamos tarde. La capacidad política para incidir en ese escenario pasa, primero, por construir colectivamente esos cómo, desde nuestra propia perspectiva como mujeres, como movimientos sociales y populares. Y esto tiene que ir acompañado de una amplia y continua movilización popular por la paz. A veces siento que perdemos la dimensión política de todo lo que está en juego, no sólo frente a la participación de las mujeres en la mesa y ahora en la implementación, sino de lo que ha significado sostener una negociación durante cuatro años e intentar llevarla a buen término, a pesar de todo el ambiente de polarización que hemos vivido, y eso me preocupa enormemente. Y me preocupa también porque construir esa capacidad de incidencia para lograr que nuestras propuestas sean protagonistas y se materialicen en la fase de implementación pasa también por construir unidad política entre las organizaciones de mujeres nacionales y territoriales pero también unidad política de los movimientos sociales y populares. No podemos hacernos las de la vista gorda silenciando que la unidad política de las mujeres en la fase final del proceso de negociación salió lastimada. Tenemos la responsabilidad ética y política de tejer nuevamente esos lazos que nos unen para avanzar hacia un objetivo común. Es un primer paso para despojarnos de las prácticas patriarcales de hacer política y reconstruir los tejidos desde la solidaridad, el respeto, el reconocimiento y el diálogo. No podemos hablar ni “dar cátedra” enseñando a otras y a otros cómo resolver conflictos si entre nosotras mismas no somos capaces de dirimirlos. Construir la unidad política desde el respeto a la diversidad de posiciones y experiencias es un paso necesario para enfrentarnos a los grandes desafíos de la fase de implementación.

En realidad creo que los desafíos para las mujeres en materia de implementación son múltiples. Pienso también en la importancia de cuestionar y revertir ciertas lógicas que ya vienen operando como sentido común. Por ejemplo, la cooperación internacional es un actor sobre el que poco hemos indagado, inclusive la academia en Colombia no tiene tampoco desarrollado un amplio campo de estudios. Es un actor político fundamental pero poco hemos analizado su presencia, las dinámicas de relacionamiento, sus intereses, sus expectativas, la variabilidad de formas de cooperación que operan en el país, las múltiples relaciones que históricamente ha construido con diferentes sectores sociales y populares, la forma como hay procesos de imposición de “agendas” internacionales en los procesos locales. La lógica de proyectos promovida por la cooperación internacional ya absorbió a la paz y eso es un problema y puede convertirse en una gran amenaza para la implementación. ¿Cómo podemos construir una propuesta que busque revertir esa lógica? Porque el problema es que mientras algunas y algunos están peleando por acceder a la plata de los proyectos, dejamos de debatir los temas estructurales y los mecanismos posibles para la construcción de una paz estable y duradera, para crear unas condiciones que nos permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias. Muchas veces dejamos de pensar cómo transformar nuestras realidades porque tenemos que hacer el informe para cumplir con los indicadores del proyecto y ser más eficientes para ganarnos el siguiente. Eso ha alimentado un proceso muy rápido de burocratización de las organizaciones sociales y populares, como lo han hecho también ciertas formas de relacionamiento con las instituciones del estado. Pensar y construir la paz también tiene que pasar por transformar esas lógicas de subordinación que son funcionales al mercado.

Las mujeres tenemos un desafío enorme para desmilitarizar la vida, el pensamiento, los cuerpos. Necesitamos romper con la lógica de la guerra, que distingue entre amigos y enemigos. Algunos trabajos antropológicos han detallado cómo esa lógica conlleva un proceso de deshumanización. Restituir a los sujetos su humanidad es un paso muy importante para restaurar los tejidos que la guerra ha trozado.

También es muy posible que las mujeres tengamos más tareas que el resto, porque para implementar también necesitamos mucha información que no existe sobre nosotras y que tenemos que construir, para lograr que la implementación la hagamos de acuerdo con las realidades específicas que vivimos las mujeres en cada uno de los territorios, desde una perspectiva de género, étnica, generacional. Por eso creo que en materia de implementación uno de los pasos clave es empezar a llenar vacíos de información, y no sólo información cuantitativa, que también es necesaria y urgente, pero necesitamos investigación empírica cualitativa para conocer las realidades específicas que vivimos las mujeres y entender, a partir de ese nuevo conocimiento, cuáles podrían ser las estrategias cultural y socialmente apropiadas para enfrentar los problemas que vivimos. Por ejemplo, ¿Cómo podríamos contribuir las mujeres en el tema de cultivos ilícitos? Lo primero que podríamos hacer es realizar investigaciones sociales desde una perspectiva de género sobre el papel y las experiencias de las mujeres como cultivadoras. Pero las experiencias y papeles no han sido los mismos, porque las mujeres son diferentes, porque las regiones también, porque las pertenencias identitarias no son las mismas ni tampoco las edades en las que los realizan. Pero sólo la construcción de este conocimiento nos va a dar las claves para incidir de manera pertinente e informada en la construcción de los planes integrales para la sustitución de cultivos como está contemplado en el acuerdo.

Algo similar ocurre en relación con la violencia sexual hacia las mujeres, aunque en dimensiones diferentes. Creo que hay un consenso generalizado sobre la importancia que adquirió posicionar el tema de la violencia sexual en la mesa de negociación. Ese fue un logro de las mujeres. Pero creo también que esta fase de implementación podría ser un momento muy adecuado para pensar y abordar la violencia sexual desde un marco más amplio, para que no quede restringida únicamente al campo del derecho y del discurso jurídico. Estamos de acuerdo en que necesitamos avanzar en materia de justicia y el acuerdo provee ya un marco muy interesante producto de la incidencia de las mujeres en la mesa. Para ponerlo en marcha, las mujeres no sólo podemos estar en actitud de vigilancia, que por supuesto es muy importante, tenemos que construir propuestas para incidir en los mecanismos previstos. Puede parecer extraño, pero lo que he encontrado a raíz de una investigación antropológica que realicé sobre las experiencias de violación sexual hacia las mujeres nasa del norte del Cauca, es que tenemos un vacío de información enorme sobre este tema, tanto cuantitativo como cualitativo. Y un primer paso para la implementación es superar este problema. Ya varios informes de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres se han referido a los vacíos de información cuantitativos que existen y a la importancia de construirlos desde una perspectiva que involucre a la gran heterogeneidad de mujeres y población LGBTI del país. Cuesta creer que en un país que ha construido un campo de investigación tan amplio sobre violencia y conflicto en Colombia, poco y nada sabemos sobre la violencia sexual hacia las mujeres. La antropología del país no se ha aproximado al fenómeno de la violencia sexual ni lo ha abordado como objeto de investigación y urge construir un marco de indagación para la comprensión de los diversos sentidos asignados a la violación sexual en Colombia desde una perspectiva étnica, de género y generacional. Son las organizaciones de derechos humanos de las mujeres las que desde la década del noventa han confrontado estos silencios. Lo que muestro en esa investigación es que desde la década del noventa ha habido un proceso de “visibilidad selectiva” de lo que ha sido denominado erróneamente, según considero, como “violencia sexual en el marco del conflicto armado”, una expresión que se convirtió en un marco interpretativo que enfatiza en la violación sexual ejercida por los actores armados en Colombia, en consonancia con la mirada hegemónica académica que ha acentuado la violencia sociopolítica. Y que este proceso de “visibilidad selectiva” está atado a su inserción en el marco del derecho, lo cual produce un efecto de universalización y deshistorización de la violencia sexual y una definición hegemónica sobre ella. Pero además que aunque hemos tenido este proceso de visibilización, por supuesto muy importante, no ha venido acompañado de investigación empírica que nos ayude a comprender las experiencias diferenciales y heterogéneas de violencia sexual que han vivido las mujeres, que históricamente tampoco han sido las mismas. Esto también ha mantenido silenciada la violencia sexual intracomunitaria e intradoméstica que viven las mujeres en su vida cotidiana. La investigación que realicé muestra cómo se conecta la vida “privada” y el mundo público en la vida de las mujeres, cómo está estructurada la familia y cómo esas jerarquías de género y generacionales en la familia estructuran y atraviesan otras esferas más amplias que producen y reproducen las violencias hacia las mujeres. Y si añadimos a eso que en muchos de los casos también son las mismas mujeres quienes sostenemos estos arreglos de género, pues tenemos múltiples desafíos para repensar cómo deberíamos abordar la violencia sexual hacia las mujeres. Y necesitamos profundizar esta aproximación desde una perspectiva histórica y culturalmente situada. Necesitamos comprender empíricamente cómo se sostienen, conectan y superponen ambas formas de violencias. Sólo así podemos entender cómo es el continuum de violencias desde la perspectiva de las mujeres. Y este es un momento clave para repensar estos temas.